Los inicios de los sistemas de salud en nuestro país se
remontan al año 1946, más bien el 23 de mayo donde el gobierno nacional crea la
Secretaria de Salud Pública (que
posteriormente se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social de la Nación) al mando del Dr. Ramón Carrillo. En
rechazo a cualquier alineamiento Carrillo decide utilizar como modelo de
organización sanitaria nacional el de las propias fuerzas armadas, ya que había
sido jefe de Neurología de la mismas, tenia claro que el derecho a la salud en
cuanto a derecho-prestación requería una clara explicación sobre como se
financiaría esa estructura de servicios. Proponía crear un impuesto sanitario,
porque decía que la salud publica tenia un precio y todos debíamos pagarlo.
Durante su gestión se produjeron grandes avances en
salud, aumentó el número de
camas existentes en el país, de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954. Erradicó en
dos años, enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente
agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades
venéreas. Creó 234 hospitales o policlínicas gratuitas. Disminuyó el índice de
mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36 por 100.000. Terminó con
epidemias como el tifus y la brucelosis. Redujo drásticamente el índice de
mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil. Le dio mucha importancia al
desarrollo de la medicina preventiva, a la organización hospitalaria.
Las contradicciones que
se crean por el crecimiento del propio ministerio hacen que Carrillo renuncie
en julio de 1954, año y medio antes del golpe del 55, afirmando que su
desestabilización era propia del éxito de su gestión. Se lo acuso de malversar
fondos públicos y de hacer que cuatro pacientes psiquiátricos trabajasen gratis
para el. Su propiedad fue confiscada y murió en el exilio y en la pobreza en
Brasil a fines de 1956.
El golpe de estado de 1955, disolvió el Ministerio de
Salud Pública, e incluyó sus funciones en el Ministerio de Asistencia Social,
que a su vez fue disuelto ese mismo año, al asumir el poder el General Pedro
Eugenio Aramburu.
La revolución
libertadora quería destruir todos los símbolos del gobierno anterior de Perón
bajo la política de “Desperonalizacion” de los militares, disminuyo gastos en
instalaciones nacionales de salud, destruyo muchas que aun estaban en construcción
y les cambio el nombre.
Luego del golpe
comienza a intervenir fuertemente la medicina privada, sustentada por dinero de
préstamos del FMI.
Los sanatorios privados ante la capacidad ociosa de sus
instalaciones, hacen nacer los “prepagos sanatoriales”; en el año 1955 se forma
el Centro Médico Pueyrredón, cuya modalidad de atención era únicamente para los
pacientes de los médicos de ese centro. Ese mismo año un sanatorio encara
decididamente explotar un sistema asistencial comercialmente, para ello
desarrolla un producto cerrado, centralizado (brinda toda la cobertura dentro
de un solo edificio), el cual se denomina Policlínica Privada; esta idea, de
uno de los fundadores de Policlínica Privada tuvo su origen en los seguros de
salud de Estados Unidos, los cuales asumían la responsabilidad únicamente desde
el punto de vista económico; la novedad que se introdujo en este mismo sistema
fue incorporarle asumir la responsabilidad de la prestación del servicio
médico.
En el año 1963, se lanza el Sanatorio Metropolitano, con
un sistema también cerrado y centralizado pero con una particularidad, ya que
únicamente se atendían los abonados al plan del sanatorio. Posteriormente en
1964 nace Asistencia Medica Social Argentina (A.M.S.A.), que produce un
verdadero cambio, ya que implementa un sistema cerrado descentralizado, cuya
característica fue ofrecer una cartilla de profesionales que atiende en sus consultorios
particulares, y estudios diagnósticos o internación en distintos centros de
diagnóstico y tratamiento, como así también en varios sanatorios de Capital y
del Gran Buenos Aires. A muy cercana fecha nace Centro Médico del Sur (CEMES),
con la misma particularidad de sistema anterior, pero convirtiéndose en la
primera empresa en brindar cobertura en todo el país, inclusive en las Islas
Malvinas y también pioneros en cubrir a sus afiliados propios y de otras
prepagas en las zonas de veraneo. En esta etapa inicial, los planes de
cobertura cubrían principalmente la internación, pero el mercado no sólo exigió
la ampliación de ellas sino que como efecto de la competencia fueron
incorporándose más y mejores coberturas, al tiempo que exclusiones y tiempos de
espera fueron disminuyendo.
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Con el paso de los años, pasaron gobiernos democráticos y
golpes. Llegamos al año 1973 con la vuelta del proceso democrático con Perón,
el derecho universal a la salud para toda la población esta a cargo del estado,
el cual actúa como garante. La cobertura de salud se extiende a toda la
población en relación de dependencia y se establece la obligatoriedad de
afiliación de cada trabajador a la obra social correspondiente a su rama de
actividad. Con ello se otorga al movimiento gremial una importante cuota de
poder político y económico. Teniendo en cuenta que la organización sindical
argentina respondió a un modelo de gremio único por rama de actividad, esto
significo, en la práctica, la transformación de la población trabajadora en
cautiva de la obra social del gremio correspondiente. El sistema de obras
sociales se extendió asimismo en forma obligatoria a los jubilados y
pensionados. 
Con la caída del gobierno democrático en 1976, el
gobierno de la Junta Militar inicia el “Proceso de Reorganizacion Nacional” y encuentra
el argumento (soporte teórico) para desprenderse de los sistemas de salud que
en ese momento tenia a su cargo el Estado. Entonces se produce el paso de la
administración de los hospitales a las provincias, ante esto no todas las
provincias pudieron hacerse cargo de sus hospitales, algunas como Buenos Aires,
Córdoba no tuvieron muchos problemas, otras como Jujuy, Misiones o Entre Ríos
no dieron abasto y sus grandes hospitales quedaron en estado deplorable.
La salud se organiza en torno a la estrategia de
atención primaria concordante con la declaración de Alma Ata (1978) con enfoque
a la seguridad social universal aunque se restringe el concepto de salud como derecho.
Se consolida el modelo Bismarkiano por la seguridad social y al mismo tiempo
surgen otros actores en el sector salud que disputan el poder con el
sindicalismo como las organizaciones profesionales médicas generando nuevas
tensiones en dicho campo. El paradigma de la justicia social con hegemonía público
estatal comienza a ceder ante las corporaciones y los nuevos paradigmas cientificistas
y tecnocráticos, comienzan a generar peso. Es así que las preocupaciones por el
acceso igualitario y las universalidad en el acceso se desplazan a un nuevo
escenario donde las necesidades asistenciales de la población las empieza a
marcar el mercado de la salud y nos las políticas de estado que muestra signos
de debilitamiento frente al mercado fundamentalmente a fines de los 80,
abriendo así un nuevo contexto internacional que va a imponer otras reglas de
juego llevando al quiebre del estado de bienestar y con ello a un modelo de
atención de salud fragmentada, mercantilizada e inequitativa con énfasis en el
sector privado.
10 de diciembre de 1983 asumió el Presidente Raúl Alfonsín que dispuso la
reaparición del Ministerio de Salud y Acción Social. Se retoma la idea de articular
los tres subsistemas a través de un sistema único de salud con el fin de
mejorar el sistema de atención y al mismo tiempo buscando reforzar el liderazgo
del estado en la materia. Las leyes sobre seguro nacional de salud enviadas al
congreso nacional por el poder ejecutivo no prosperaron y con ello el nuevo intento
de articulación en un sistema único de salud.
En el 89 Argentina estalla. La hiperinflación se
devoró salarios, generó revueltas, impulsó saqueos y terminó por destronar al
primer Gobierno desde la vuelta de la democracia. Abrió un surco profundo en la
mentalidad colectiva: angustia, impotencia y búsqueda desesperada de soluciones
que alivianaran tan pesada carga. Llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989,
al récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año.
Poco a poco el gobierno de Alfonsín fue
sucumbiendo frente a la presión de la hiperinflación y los grupos de poder,
perdió las elecciones del 89 y entrego su mandato en forma adelantada a Carlos
Menem.
En la década de los 90 el sector de la salud no fue
ajeno a los efectos de la política de liberación, si bien es cierto que dichos
problemas tanto en el sistema sanitario y de las obras sociales, y en
particular, consta de larga data, los efectos de la política implementada
durante esta década lo empeoraron aun más. Por otro lado la situación
financiera de las obras sociales estaba estrechamente relacionada con el pobre
desempeño del mercado del trabajo, llevando este al empeoramiento de la
condiciones de vida de la población y la accesibilidad a los servicios de
salud, el aumento de la taza de desempleo, esto implico una reducción en las
recaudaciones por parte de las obras sociales sindicales
La primera propuesta de reforma sobre
el sistema de salud en la década de 1990 proponía dividir el mercado de salud en tres sectores,
el primero, que era integrado por el programa nacional de salud, que cubría los
grupos de mayor riesgo (jubilados y pensionados, indigentes, discapacitados,
VIH) estos serían atendidos por el hospital publico y financiados por el
estado.
El segundo sector, comprendía un
“Sistema de Seguro de Salud”. Este reunía a todos los trabajadores de relación
de dependencia y autónomos, aquí los trabajadores elegían en forma voluntaria
su afiliación al sistema de salud, siendo este financiado por los aportes compartidos
entre empleados y empleadores, dejando a estos la libertar de elegir donde
realizar sus consultas medicas. Esto debilito fuertemente a las obras sociales
de los sindicatos
Por último, se proponía la creación
de un tercer sector de Entidades Privadas dedicado a las personas que tuvieran
un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades de asistencia médica. Este
sector funcionaría libremente sin que el estado tuviera injerencia.
De esta forma, según el proyecto,
quedaba cubierta la totalidad de la población y se pretendía mejorar la
eficiencia del mercado a partir de la libre elección de los afiliados
al Sistema de Seguro de Salud. Por otro lado, el proyecto institucionalizaba un
segmento del mercado -el de las entidades privadas- que se concentraría en la
atención de los grupos de más altos ingresos provocando el efecto descreme en
el sistema.
Unos meses mas tarde que se diera a
conocer públicamente este proyecto, el gobierno deja transcender que tenia
preparado una reforma para las obras sociales que saldría por ley o por
decreto. Por la amenaza del gobierno los sindicalistas accedieron y las negociaciones
no se hicieron esperar. Esta nueva reforma imponía la existencia de solo dos
sectores: El Público, financiado por rentas generales, y El Privado, donde las
entidades competirían en un mercado libre (Oss, empresas de medicina u otras)
eligiendo los afiliados cuales les convendría mas. Con esto se pretendía
eliminar dos problemas, el de la doble afiliación y el poder cautivo de las
Obras sociales.
Haciendo un rápido balance podemos
afirmar que dichas modificaciones no mejoraron el sistema de salud. Por el
contrario profundizaron la ruptura del mercado y un empeoramiento en la
distribución de sus recursos, provocando una mayor concentración de las
prestadoras, privadas como sindicales. Cabe aclarar que esta situación no esta
únicamente relacionada con las reformas, sino con otros factores colaterales
que han colaborado en este sentido. La baja en los presupuestos de salud, tanto
nacional como provincial, la falta de empleo, el empleo en negro y su mala
distribución entre otras cosas, fueron y son aun hoy las causantes del
empeoramiento general de las condiciones de salud de la población y del marcado
del déficit del sistema de salud argentino.
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